Integrantes de la Asociación Voceros de la Madre Tierra A.C. exigieron que en Querétaro se deje de aceptar la llegada de más centros de datos, al afirmar que las empresas y las propias dependencias no cuentan con la información ni los permisos suficientes para acreditar y justificar su instalación.
Por ello, la organización inició procesos legales, como un amparo para detener la presencia de centros de datos en el municipio de Colón, al considerar que se están aprobando proyectos sin el debido respaldo documental.
El 1er Informe Ciudadano sobre Centros de Datos, presentado por la organización, revela que cuatro acuíferos estratégicos presentan disponibilidad negativa: el Valle de Querétaro con menos 65.56 hectómetros cúbicos por año, Amazcala con menos 22.16, San Juan del Río con menos 56.89 y Huimilpan con menos 4.54. El documento también muestra que la mancha urbana de la Zona Metropolitana de Querétaro se duplicó de 13,000 a más de 24,000 hectáreas entre 2010 y 2020, que no existe un padrón público único y desagregado de centros de datos, y que se estiman hasta 899 megavatios de nueva demanda eléctrica, con hasta 900 MW para un solo campus, además de 8,100 empleos anunciados sin expediente documental localizado.
Según el informe, existen siete contradicciones institucionales entre el discurso público y las respuestas documentales de las autoridades. El hallazgo central, subrayan, es que ninguna autoridad ha exhibido el expediente integral que demuestre compatibilidad hídrica, energética, territorial y social de estos proyectos. “De ahí surge la pregunta que la organización deja abierta: si los proyectos cumplen plenamente con la ley, ¿por qué ninguna autoridad ha podido entregar el expediente integral que lo demuestre?”, señalaron.
Ante ello, la organización entregó una petición formal al gobernador Mauricio Kuri González para la suspensión de centros de datos en el territorio queretano, sustentada en dicho informe y en la falta de respuestas a las solicitudes de información. La propuesta incluye un expediente público por instalación o campus, una evaluación acumulativa regional en agua, energía y territorio, participación efectiva, y mientras se completa la información, una pausa precautoria temporal y revisable.
