Jonatan N. Parra
Las empresas podrían recibir multas hasta de 2 millones de pesos en caso de realizar llamadas comerciales insistentes sin la autorización de las personas.
El Senado de la República aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular una iniciativa de reforma para frenar el acoso telefónico, por lo que las empresas y proveedores deberán evitar realizar llamadas persistentes con fines comerciales o publicitarios.
La propuesta adicionan los artículos 18 Bis y 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y establece sanciones con multa desde 733 pesos, hasta 2 millones 345 mil pesos.
La medida se incorpora al marco legal que ya prohíbe enviar publicidad a quienes hayan manifestado su inconformidad. A través del Registro Público de Usuarios (REUS), las personas pueden solicitar no recibir publicidad y promociones.
La enmienda se enviará a la Cámara de Diputados para el trámite legislativo.
