Cerca del 40 por ciento de los casos en litigio en San Luis Potosí padecen mala praxis legal, pero la gran mayoría no se denuncian formalmente por desconocimiento o desconfianza de los clientes, alertó Marcela Alicia Galarza López, presidenta de la asociación Movimiento Acción Revolucionaria Campesina A.C. Entre 2022 y 2025, la organización recibió más de 150 quejas por la presunción de mala actuación de abogados señalados como negligentes.

Las quejas más recurrentes son los reportes de abogados que solicitan dinero “para garantizar la libertad”, no informan al cliente sobre el estado real del juicio, cobran el anticipo de honorarios y dejan de asistir a las audiencias, o no dan seguimiento al expediente y dejan vencer los plazos legales para presentar pruebas.

Ante esta situación, Galarza López presentó una iniciativa al Congreso del Estado para reformar el artículo 246 del Código Penal, relativo a los delitos contra la fidelidad profesional.

La propuesta no busca criminalizar los errores razonables ni el simple hecho de perder un juicio, sino establecer consecuencias claras para las conductas dolosas, corruptas, desleales o gravemente negligentes.

Para ello, plantea la creación de un organismo con facultades disciplinarias que pueda amonestar, suspender temporalmente o inhabilitar a los abogados que incurran en mala praxis, además de que los afectados puedan presentar una demanda civil por daños y perjuicios.