La organización Adax Digitales publicó en 2024 el testimonio de Andrea Chirino Morfín, quien acusa al presidente de la Unión Ganadera de desconocerla como hija durante 31 años pese a dos pruebas de ADN

En días pasados el panista Romualdo Moreno dio a conocer sus intenciones por obtener una Diputación Federal, lo que revivió en redes sociales la publicación de la organización Adax Digitales quien en 2024 difundió el testimonio de Andrea Chirino Morfín, quien señaló a Romualdo Moreno Gutiérrez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, como un deudor alimentario.

En el texto, Chirino Morfín afirma que existen dos periciales de ADN dentro de un juicio de paternidad que acreditan el vínculo, y acusa que Moreno Gutiérrez ha promovido recursos infructuosos para retrasar el proceso más de dos años.

“Me parece difícil de comprender que una figura pública con su nivel de intelecto, bien educada y que se presenta ante el ojo crítico y social como alguien sumamente empático… no promueva o se preocupe por el bienestar de alguien de su sangre”, expresó Chirino Morfín en el mensaje difundido por Adax Digitales.

La publicación surge en un momento clave para Moreno Gutiérrez, quien en octubre confirmó sus aspiraciones de contender por una diputación federal bajo las siglas del PAN y ya sostuvo un encuentro con el dirigente estatal Martín Arango. Sin embargo, su eventual candidatura enfrentaría un obstáculo legal si se confirma su inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

De comprobarse que aún no paga y se mantiene como deudor alimentario, el artículo 38 de la Constitución establece que quienes sean declarados deudores alimentarios morosos tienen suspendidos sus derechos político-electorales y no pueden ser registrados como candidatos. La Sala Superior del Tribunal Electoral ha determinado que esta restricción opera al momento del registro y no puede subsanarse después, aunque el deudor pague posteriormente. La llamada “Ley Sabina” —impulsada en varios estados— tiene como eje central este registro y la restricción para ocupar cargos públicos.

Adax Digitales ha sido una de las organizaciones que en Querétaro ha presionado para que se apruebe la Ley Sabina, detenida en el Congreso local desde octubre de 2024. La agrupación también ha realizado “tendederos” públicos de deudores alimentarios y sostiene que los procesos jurídicos para acreditar el incumplimiento pueden tardar entre dos y tres años.