La Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) inició una carpeta de investigación por el delito de tentativa de homicidio contra un menor de edad acusado de herir con un arma blanca a tres trabajadores y un alumno en la Secundaria Esperanza Cabrera. Durante las diligencias ministeriales, las autoridades detuvieron a los padres del presunto agresor por obstaculizar el cateo en su domicilio.

El fiscal general de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, confirmó que la dependencia estatal intervino la vivienda del adolescente tras tomar conocimiento del ataque ocurrido al interior del plantel educativo para recabar elementos de prueba.

“Lo que yo les podría decir es que inmediatamente realizamos actos de investigación, se ejecutó un cateo específicamente en el domicilio del menor y lo que pudimos obtener son indicios y datos que nos permitieron integrar debidamente una carpeta de investigación”, afirmó el titular de la FGE.

Durante el despliegue ministerial, los agentes arrestaron a los progenitores del estudiante. El funcionario explicó que la captura procedió bajo la figura legal de desobediencia y resistencia de particulares ante su negativa a permitir el desarrollo de la acción judicial.

“La razón de su detención fue el hecho de que mientras estábamos realizando el desahogo, se estaba obstaculizando el mismo. Por esa razón, bajo una imputación de la Ley de Desobediencia y Resistencia, nosotros generamos una detención”, precisó Hernández, y anticipó que “estas personas en breve tendrán también una audiencia”.

El fiscal descartó la participación de cómplices en el incidente al sostener que “no hay hasta el momento más personas relacionadas”. Sobre la situación jurídica del estudiante, indicó que el Ministerio Público estructura el expediente y aguarda que el Poder Judicial fije la fecha para la audiencia inicial.

“Nosotros estamos haciendo la imputación de las lesiones, pero específicamente bajo un tema de una tentativa de homicidio”, puntualizó.

Finalmente, Hernández urgió a las distintas dependencias a asumir su responsabilidad legal y administrativa frente a los hechos violentos registrados en la escuela. “Todas las autoridades tenemos un compromiso de, en el ámbito de nuestra competencia, realizar las actuaciones que corresponden. Tanto las autoridades educativas como las instituciones de seguridad tendrán que hacer lo propio en este caso”, concluyó.